Acceso a datos reservados de particular por funcionario público.
La Audiencia Nacional (AN) acaba de dictar sentencia en un caso bastante complejo de un delito donde se mezclan denuncias de estafa, funcionarios públicos y acceso ilegal a información privada.
Todo empezó cuando se presentó una denuncia contra un empresario, en la que participaron abogados de un despacho vinculado a un grupo empresarial y varios policías, tanto en activo como en segunda actividad.
El problema surgió cuando algunos de estos policías accedieron, sin justificación legal, a información muy reservada sobre el empresario, que estaba custodiada por el Órgano Centralizado de Prevención del Consejo General del Notariado (donde se recopilan escrituras públicas, entre otros datos delicados). Esa información, que solo debería usarse si hay una autorización concreta para ello, fue incluso enviada a terceros.
Los acusados intentaron anular el proceso alegando vulneraciones de derechos y errores en la custodia de pruebas. Además, negaron que hubieran cometido delito alguno o que tuvieran participación directa.
Al final, la Audiencia Nacional (AN) absuelve a uno de los policías, porque no se probó que hubiese usado su cargo para conseguir ni difundir la información. También se dice que el despacho de abogados actuó correctamente en los trámites legales. Sin embargo, condena al otro policía, que tenía un puesto de importancia en la Comisaría General de Información, porque sí accedió a esos datos reservados sin tener excusa para ello y los difundió, lo que constituye un delito de descubrimiento de secretos. También se condena a su superior, que entró a los archivos usando su propia contraseña para sacar todo el historial notarial del empresario, sin que exista causa que le permitiera hacerlo legalmente.
La Audiencia Nacional (AN) deja claro que hay que diferenciar entre acceder a información reservada en el marco de las funciones que te corresponden y hacerlo “por tu cuenta”, sin que la ley te lo permita. También recuerda lo importante que es mantener la cadena de custodia de las pruebas y proteger los datos en este tipo de investigaciones, más aún cuando pueden estar implicados funcionarios con actividades en el ámbito público y privado.
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